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Una nueva y grave controversia sacude al departamento del Tolima tras las declaraciones del representante a la Cámara Renzo García. El congresista ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que la judicialización de dos campesinos por incendios forestales responda a una estrategia de "falsos positivos ambientales". Su señalamiento directo apunta a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y a una compleja red de presuntos intereses detrás de las conflagraciones.
Según lo expuesto por García, los dos campesinos vinculados a estos hechos no pertenecen a grupos estudiantiles ni a la denominada primera línea. El representante afirmó que ambos habrían sido contratados por una persona con nexos con Cortolima. Una acusación que, de confirmarse, cambiaría radicalmente la percepción sobre los responsables de la devastación ambiental en la región.
El congresista profundizó en su denuncia al referirse a una investigación periodística de Daniel Coronell. En ella, según la exposición de García, aparecen audios atribuidos a Rubiela González Ortiz. Esas grabaciones, presuntamente, coordinarían labores de limpieza y preparación de lotes mediante el uso deliberado de quemas. Un hilo conductor que, para el representante, enlaza directamente con los campesinos judicializados y la figura de los "falsos positivos ambientales".
Con estos elementos, Renzo García calificó la captura y judicialización de los dos labriegos como "posibles falsos positivos ambientales". Hizo un enérgico llamado a las autoridades para que se establezca quién estaría realmente detrás de estos hechos. Su planteamiento es claro: la verdadera responsabilidad por los incendios solo se determinará con una investigación profunda que esclarezca el origen de las órdenes y el alcance de las actuaciones relacionadas con las quemas.
Pero los cuestionamientos del congresista no se detuvieron allí. También abordó el manejo político en torno a Cortolima. Mencionó la supuesta influencia que, según sus señalamientos, ejercerían el exsenador Óscar Barreto Quiroga y la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, sobre la entidad. En este delicado contexto, García instó a evitar la estigmatización de campesinos y comunidades que han sido señaladas en el marco de las investigaciones, muchos de ellos, paradójicamente, los más afectados por el avance del fuego.
Durante su exposición, también se destacó la loable labor de habitantes y estudiantes de las zonas afectadas en la atención de las emergencias. Integrantes de las comunidades, según lo planteado, han participado activamente para contener los incendios, frenando las llamas y evitando así afectaciones aún mayores. Una muestra de resiliencia frente a la adversidad.
Ante la magnitud de los señalamientos, la Fiscalía General de la Nación ha sido solicitada a profundizar las pesquisas. El objetivo es claro: determinar la eventual existencia de una autoría intelectual detrás de los incendios y establecer las responsabilidades correspondientes. La sombra de los "falsos positivos ambientales" exige respuestas urgentes en el Tolima.