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Un demoledor informe de la Contraloría General de la República ha puesto en el ojo del huracán a dos importantes instituciones del Tolima: la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP). Ambas entidades obtuvieron una crítica opinión negativa sobre sus estados financieros para la vigencia 2025, integrando una lista de 35 organismos públicos con deficientes calificaciones en todo el país. Los hallazgos apuntan a una alarmante gestión de recursos que podría significar un serio detrimento para el erario público.
Cortolima, la corporación ambiental encargada de la protección de los recursos naturales en la región, se ubicó en un preocupante séptimo lugar entre las entidades con calificación negativa. La auditoría de la Contraloría identificó un cúmulo de incorrecciones financieras que ascienden a la asombrosa cifra de $8.379,19 millones. Pero la situación es aún más grave: el organismo de control determinó que la corporación habría dejado vencer, de forma incomprensible, los plazos para cobrar deudas millonarias mediante procesos coactivos. Esta aparente omisión en las gestiones necesarias habría impedido recuperar un monto considerable de $1.299 millones, una cifra que podría, sin duda, representar un serio detrimento de los vitales recursos públicos.
Al cierre de diciembre de 2025, Cortolima reportó activos por $228.023,26 millones, pero la magnitud de las incorrecciones y la presunta negligencia en el cobro de deudas generan profundas dudas sobre su verdadera solvencia y eficiencia. Además, y para añadir más preocupación al panorama, el organismo de control calificó con deficiencias notables el control interno contable y financiero de la corporación, un pilar fundamental para la transparencia y la buena administración.
El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) no se quedó atrás en el informe de la Contraloría, ocupando el puesto 18 en la lista de entidades con opinión negativa. Esta institución, crucial para la educación técnica en el departamento, presentó incorrecciones financieras acumuladas por $9.696,34 millones. Al igual que Cortolima, el ITFIP recibió una severa opinión negativa sobre sus estados financieros y, lamentablemente, también se identificaron deficiencias en su control interno contable y financiero. Con activos reportados por $65.602,73 millones al cierre de 2025, la existencia de estos errores financieros masivos plantea serios interrogantes sobre la idoneidad de su gestión administrativa y el manejo de los fondos destinados a la formación de profesionales.
Estos resultados forman parte de la evaluación exhaustiva de la información financiera de las entidades de la Nación, cuyos informes son sustentados ante la Comisión Legal de Cuentas, revelando una problemática sistémica que trasciende a las entidades principales y se extiende por varias instituciones del Tolima.
La preocupación por la gestión financiera no se limita a Cortolima y el ITFIP. Los resultados de las auditorías de la Contraloría también arrojaron sombras sobre otras entidades públicas del departamento. La Universidad del Tolima, el Instituto Departamental de Deportes del Tolima e Infibagué recibieron una opinión con salvedades. En los tres casos, la falla es recurrente: el control interno fue calificado con deficiencias, una clara señal de alertas en sus procesos administrativos y contables.
La E.S.E. USI Unidad de Salud de Ibagué obtuvo, al igual que las protagonistas de este informe, una opinión negativa sobre sus estados financieros. No es una sorpresa del todo, considerando que la entidad se encuentra actualmente intervenida por la Superintendencia de Salud, un claro indicio de las profundas irregularidades que la aquejan.
Un caso particular es el del municipio de Ibagué, donde la Contraloría Municipal se vio imposibilitada de emitir una opinión debido a la notoria falta de información. El organismo de control no pudo verificar cifras fundamentales relacionadas con los bienes de uso público y las propiedades. El informe es contundente al señalar la ausencia de un inventario físico, valorizado y conciliado de estos bienes, lo que generó un obstáculo insuperable para comprobar la información reportada y dejó un manto de duda sobre la transparencia en el manejo patrimonial de la capital tolimense.
Entre los hospitales públicos del departamento, el panorama no mejora. El Hospital Departamental Regional del Líbano recibió también una opinión negativa, y su control interno fue categorizado como deficiente. Este centro médico, de vital importancia para la región, se encuentra bajo intervención forzosa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud desde 2023. La intervención fue provocada por una lista de 31 hallazgos que revelaron graves fallas administrativas, presupuestales y asistenciales, evidenciando un colapso en la gestión que ahora se ve reflejado también en sus estados financieros.
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