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La inusual presencia de francotiradores en el techo del Capitolio Nacional, avistados durante las recientes protestas en Bogotá, ha desatado una ola de interrogantes y críticas. La justificación de esta medida, al parecer desproporcionada, recae directamente sobre el equipo de seguridad del expresidente Gustavo Petro.
Fue Honorio Henríquez, presidente del Senado, quien arrojó luz sobre el sorprendente despliegue. Durante la plenaria de este miércoles 14 de octubre, Henríquez aseguró que los uniformados armados se posicionaron siguiendo una petición explícita. La solicitud, según su explicación, provino directamente del equipo encargado de la protección de Gustavo Petro.
Esta petición habría llegado a la Secretaría del Senado en la tarde del martes, apenas unas horas antes de que miles de ciudadanos se congregaran en las calles. ¿El propósito? Reforzar, supuestamente, las condiciones de seguridad del exmandatario.
Sin embargo, la medida genera un fuerte cuestionamiento. Los uniformados con armamento de largo alcance fueron desplegados justo cuando sectores de la oposición y diversas organizaciones gremiales participaban en una jornada de movilizaciones en la Plaza de Bolívar. La imagen de francotiradores sobre la sede de la democracia mientras los ciudadanos ejercían su derecho a la protesta levanta serias dudas sobre la interpretación del nivel de amenaza y la idoneidad de tales protocolos de seguridad para un exmandatario durante manifestaciones pacíficas. ¿Era realmente necesaria una escalada de este calibre? La sombra de un posible exceso o una lectura errónea de la situación planea sobre la decisión del equipo de seguridad de Petro.