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La Procuraduría General de la Nación ha puesto bajo la lupa un ambicioso contrato valorado en más de 79.000 millones de pesos, destinado a la ampliación, refuerzo y modernización del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E. en el Líbano. Este escrutinio del Ministerio Público ha culminado, por ahora, en la terminación del proceso de selección.
La decisión de dar por finalizado el procedimiento contractual llegó tras las reiteradas advertencias de la Procuraduría sobre lo que consideró posibles deficiencias tanto en la planeación inicial como en la documentación técnica del proyecto. Se trata de una iniciativa que, por su envergadura, el Ministerio de Salud había clasificado como de “impacto nacional”.
Durante la revisión detallada del proceso, la Procuraduría centró su atención en la información disponible en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II). Sus funcionarios identificaron una ausencia significativa de datos fundamentales.
Entre las principales alertas, el organismo de control destacó la falta de estudios y diseños técnicos completos. No se encontraron planos, memorias de cálculo ni otros documentos esenciales para el componente de obra civil. Para la Procuraduría, esta situación podría ser un claro indicador de una planeación técnica insuficiente e incompleta, un factor crítico en cualquier obra de esta magnitud.
Además, la entidad advirtió que estas omisiones podrían comprometer principios fundamentales de la función administrativa y de la selección objetiva. La preocupación radicaba en que los posibles oferentes, al no disponer de todas las especificaciones, no podrían conocer con precisión las condiciones técnicas necesarias para presentar propuestas adecuadas y competitivas.
Frente a estas serias observaciones, el Ministerio Público actuó con celeridad. Inicialmente, la Procuraduría solicitó al hospital la suspensión inmediata del proceso de selección. Sin embargo, al parecer, esta primera comunicación no obtuvo la respuesta esperada.
La insistencia de la Procuraduría no decayó. Ante el silencio, la Procuraduría Delegada remitió un segundo oficio, con fecha del 26 de agosto, en el cual reiteró los riesgos previamente identificados y la imperiosa necesidad de detener el procedimiento contractual.
Finalmente, la advertencia del organismo de control encontró eco. Las directivas del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar atendieron el llamado y, apenas 48 horas después de la segunda comunicación, tomaron la decisión de terminar el proceso de selección LP-003-2026.
Es importante destacar que la terminación del proceso no implica un descarte definitivo del proyecto. De acuerdo con lo que ha trascendido, la institución hospitalaria tiene la intención de abrir nuevamente la contratación. Sin embargo, esta reapertura solo ocurrirá una vez que se hayan revisado y ajustado los pliegos de condiciones, así como la totalidad de los estudios y documentos técnicos, presupuestales y financieros que fueron señalados por la Procuraduría como deficientes o ausentes.
Este episodio se suma a un historial de importantes movimientos de recursos vinculados al hospital. Previamente, organismos de control habrían recibido información sobre giros que superarían los 14.000 millones de pesos, provenientes del Ministerio de Salud. Estos fondos habrían estado destinados a la adquisición de equipos básicos para el mismo centro asistencial, que lleva el nombre del padre del exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La magnitud de las inversiones, junto con el estatus de “impacto nacional” otorgado al proyecto de modernización, han mantenido un foco de atención particular sobre todo el proceso contractual.
Mientras el hospital se prepara para ajustar las observaciones y relanzar la contratación, líderes locales han expresado una preocupación adicional. Han advertido que este nuevo proceso podría coincidir de manera inoportuna con el calendario electoral de 2027, año en el que se elegirán gobernadores y alcaldes, lo que podría añadir una capa extra de complejidad al ya examinado proyecto.
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