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Un sorprendente incidente puso en evidencia las profundas y a veces inesperadas consecuencias de la temida Lista Clinton. El expresidente Gustavo Petro, quien hace apenas un mes dejó la Casa de Nariño, se vio impedido de viajar a México el pasado 30 de agosto. Su pasaje con Avianca fue cancelado a última hora, un revés que lo obligó a buscar con premura una alternativa para salir del país.
La situación, que rápidamente trascendió, fue narrada por el propio Petro durante una conversación pública con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Según el relato, la aerolínea colombiana tomó la drástica decisión de no transportarlo debido a su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
Correa, en un diálogo con Petro, resumió el dilema que enfrentan las empresas: “Te suspendieron, el ticket lo devolvieron, no permitieron que vueles en Avianca para no ser sancionados en Estados Unidos; esas son las consecuencias de esas medidas unilaterales de Estados Unidos”. A lo que Petro, con una breve pero contundente respuesta, simplemente añadió: “No quisieron”.
El nombre del exmandatario fue incluido en esta polémica lista el 24 de octubre de 2025. Desde ese momento, la medida ha generado ramificaciones que van mucho más allá del ámbito político, adentrándose en aspectos cotidianos y prácticos de su vida.
La sanción, según el documento que la sustenta, establece el bloqueo de sus bienes e intereses patrimoniales ubicados en Estados Unidos, aquellos que puedan llegar a ese país o que estén bajo el control de personas estadounidenses. Sin embargo, es crucial notar que el mismo documento no incluye una prohibición general que impida al expresidente volar en avión. La restricción se enfoca primordialmente en sus activos y las transacciones asociadas a ellos.
Entonces, ¿qué explica la negativa de Avianca? Expertos en el ámbito de las sanciones internacionales lo describen como un fenómeno de “overcompliance” o sobrecumplimiento. Este término refiere a la tendencia de algunas empresas a aplicar restricciones más amplias de las que la sanción establece específicamente. Lo hacen para evitar cualquier mínimo riesgo de incumplir las rigurosas normativas de la OFAC. No se trataría de una directriz política, sino de un reflejo de los protocolos empresariales que rigen a toda firma bajo jurisdicción estadounidense.
En este particular escenario, Avianca habría optado por no asumir riesgo alguno, lo que llevó a la cancelación del pasaje de Petro. Curiosamente, Aeroméxico sí decidió transportarlo a su destino en México, permitiendo así que el expresidente pudiera cumplir con su viaje programado. Este contraste subraya la diversidad de interpretaciones o niveles de precaución que las empresas pueden adoptar frente a las mismas normativas.
El episodio deja una clara lección: las sanciones de la Lista Clinton no son meras declaratorias simbólicas. Se revelan como una realidad tangible, con la capacidad de impactar directamente a los individuos implicados en su vida diaria. Avianca, por su parte, prefirió abstenerse de cualquier acción que pudiera exponerla a las severas multas impuestas por la legislación norteamericana.
Las disposiciones de la OFAC son implacables. Cualquier empresa que realice operaciones con personas o bienes catalogados como “bloqueados” se expone a enfrentar sanciones monetarias que superan fácilmente los 250.000 dólares o, alternativamente, el doble del monto de la transacción involucrada. Además, estas empresas podrían enfrentar la grave consecuencia de perder sus licencias comerciales para operar en Estados Unidos.
Conocida oficialmente como Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), la Lista Clinton fue concebida originalmente para combatir el narcotráfico y el lavado de activos. Sin embargo, con el tiempo, ha evolucionado hasta convertirse en una poderosa herramienta de control económico y diplomático, con efectos que pueden ser devastadores para los incluidos. Quien aparece en este listado se encuentra, en la práctica, excluido del sistema financiero global: sus bienes quedan bloqueados, los contratos se suspenden y las puertas del mercado internacional se cierran de golpe.
Las ramificaciones de estas sanciones no se limitan solo al individuo directamente afectado. Alcanzan también a terceros que intenten establecer cualquier tipo de negocio o relación comercial con quienes han sido incluidos en el listado. Esta es la razón principal por la que las empresas que operan bajo las normativas estadounidenses suelen evitar a toda costa cualquier contacto o transacción, incluso si la persona afectada ostentó el cargo de presidente de una nación.
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