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Un expediente clave, que investiga la presunta corrupción alrededor de más de 4 mil millones de pesos extraviados, dará un giro trascendental. La Fiscalía del municipio de El Guamo, en Tolima, se prepara para remitir este caso a la Corte Suprema de Justicia. Dicha orden provino del alto tribunal, que ahora concentra la atención sobre el representante a la Cámara por el Tolima, Guillermo Ignacio Alvira Acosta, figura del Partido Conservador y considerado una cuota directa de la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas.
El congresista Alvira Acosta ya enfrenta diversas investigaciones por presuntos actos de corrupción. Incluso, la Fiscalía General de la Nación ya le ha formulado una imputación de cargos, lo que subraya la seriedad de los señalamientos en su contra.
El núcleo de la investigación, radicada bajo el número 730016099355202410579, surge de la Fiscalía 47 Seccional de El Guamo. Este proceso busca esclarecer el destino de sumas millonarias, específicamente, más de 4 mil millones de pesos que, al parecer, desaparecieron. Estos dineros provenían de la empresa Cementos Cemex, entregados a la alcaldía de San Luis, Tolima, como contraprestación por la extracción de material en la zona de Banda Mina. Alvira Acosta, quien para la época de los hechos era el alcalde municipal y hoy ocupa una curul en el Congreso, habría declarado que el municipio recibió poco más de 2 mil millones de pesos. Sin embargo, la Cementera desmintió esa versión, certificando haber desembolsado más de seis mil millones de pesos. La brecha de esos 4 mil millones de pesos, que no aparecieron, constituye el eje central de las pesquisas.
Los recursos en cuestión estaban destinados a la comunidad, pero al no aparecer completos, el caso escaló con una denuncia ante la Fiscalía. El ente acusador indaga sobre varios punibles que se habrían podido cometer, entre ellos: hurto, falsedad ideológica, fraude a resolución judicial, peculado por aplicación oficial diferente y encubrimiento.
El principal implicado, quien en su momento fue el alcalde de San Luis, Guillermo Ignacio Alvira Acosta, y hoy mantiene una relación política cercana con la mandataria tolimense, fue imputado inicialmente por el delito de falsedad ideológica. No se descarta que nuevos señalamientos puedan surgir a medida que el proceso avance y se desvelen más detalles.
Para formular la imputación inicial, el ente acusador se fundamentó en diversas pruebas. Entre ellas, destacan las versiones de miembros de la comunidad, quienes aguardaban las obras o recursos que Cemex había prometido y entregado a la alcaldía de San Luis. Asimismo, se cuenta con la declaración del presidente de la Cementera, quien certificó el giro de más de seis mil millones de pesos al municipio, lo que dejó sin sustento la versión de Alvira Acosta sobre la recepción de solo 2 mil millones de pesos.
Este proceso, junto con otras investigaciones que la Fiscalía General de la Nación adelantaba en su sede de El Guamo contra el actual congresista, se trasladan ahora a Bogotá. La orden provino directamente de la Corte Suprema de Justicia, que se constituyó en el juez natural de Guillermo Alvira desde el 20 de julio de 2026, fecha en que se posesionó como congresista, conforme a la información disponible.
El fiscal a cargo de los expedientes notificó a los denunciantes sobre este movimiento judicial. En respuesta, los accionantes entregaron una nueva prueba documental, que se sumará al cúmulo de evidencia en la investigación que ahora continuará bajo la lupa de la Corte Suprema.
Esta flamante evidencia, que podría complicar aún más la situación jurídica del congresista Alvira, se trata de un documento oficial. En él, su padre, el exalcalde de San Luis, Guillermo Alvira (QEPD), habría reconocido explícitamente que los dineros aportados por Cemex estaban destinados exclusivamente a la inversión para los afectados por la banda transportadora en Payande. Este hallazgo documental contradice directamente la línea de defensa del actual representante a la Cámara, quien, al parecer, sostenía que los fondos de la multinacional mexicana podían ser invertidos a discreción. Una firma del padre, entonces, podría tener un peso crucial en el desenlace judicial de su propio hijo.
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