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La vía Ibagué – Rovira, concebida como un corredor crucial para la conectividad entre el centro y el sur occidente del Tolima, es hoy un símbolo de inversiones millonarias que superan los cuarenta mil millones de pesos. Pese a ello, la obra permanece inconclusa, con tramos fundamentales aún pendientes que, al parecer, habrían impedido la ejecución total del ambicioso proyecto.
Un manto de dudas se cierne sobre esta infraestructura. Recientemente, la Contraloría General de la República, a través de una comunicación oficial remitida a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, ha puesto sobre la mesa una serie de hallazgos y presuntas irregularidades que gravitan sobre la ejecución de este oneroso contrato.
El proyecto BPIN 2019004730003, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), fue objeto de una exhaustiva inspección por parte del ente de control. Tras un análisis detallado de las obras, la Contraloría identificó diversas inconsistencias que, según su informe, no coincidirían con los reportes técnicos ni con las actas de pago ya desembolsadas.
Entre las observaciones más críticas, tipificadas como hallazgos, el informe advierte presuntas falencias en los principios de planeación. Al revisar la Metodología General Ajustada (MGA), los estudios y diseños, y la correlación entre los entregables y la ejecución, se evidenció que varias cantidades de ítems habrían sido modificadas. Incluso, se habrían incorporado actividades no previstas inicialmente, una situación que, según la Contraloría, estaría ligada a vacíos en los diseños base del proyecto.
La Ley 1437 de 2011, que rige el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, subraya la importancia de principios como el debido proceso, la imparcialidad, la buena fe, la transparencia y la eficacia en las actuaciones administrativas. La Contraloría, en su Actuación Especial de Fiscalización (No. AEF–CAT_667_2026_I), sugiere que varios de estos principios habrían resultado comprometidos en la ejecución del proyecto. El organismo de control señala que la Gobernación del Tolima habría incurrido en presuntas fallas de eficiencia administrativa, tanto en la formulación como en el seguimiento y la ejecución de los recursos destinados a la pavimentación de la vía Ibagué – Rovira.
La Unión Temporal Rovira 2018, integrada por Asfaltemos (85%), GAM Construcciones S.A.S. (5%) e Interambiente Ingeniería S.A.S. (10%), fue el contratista principal de la primera etapa (Contrato No. 741-2019). El representante legal de Asfaltemos, el ingeniero Andrés Trujillo, ha sido mencionado en otros hallazgos y, según registros de la Contraloría, habría estado vinculado a procesos de embargo en actuaciones de control fiscal previas.
A las denuncias ciudadanas sobre la calidad de la obra se sumaron múltiples quejas por el desempeño del contratista. No obstante, la Unión Temporal optó por demandar al departamento por 5.124 millones de pesos, alegando un presunto desequilibrio económico. Su argumento: el proyecto fue formulado en 2018 pero ejecutado entre 2022 y 2023, período en el cual, según su planteamiento, se habrían presentado variaciones significativas en los costos.
Este informe de la Contraloría, sin embargo, se centra en la etapa dos de la vía. Aquí, el Consorcio Construcciones 2019, representado por el ingeniero Juan Carlos Ramírez, sería quien, al parecer, deberá responder por la calidad de la obra y por las presuntas omisiones en su ejecución, especialmente frente a las deficiencias que se habrían evidenciado en los estudios y diseños entregados por la administración departamental. El Contrato No. 1834 del 22 de noviembre de 2019, inicialmente valorado en $23.505.672.617, experimentó una adición de $11.517.822.976.
Según una investigación que adelanta el portal Sin Filtros, tanto Trujillo como Ramírez forman parte de su trabajo periodístico sobre el presunto "cartel de las vías". Este trabajo, que se presentará en siete entregas, busca exponer una posible articulación entre varias empresas del departamento que, de acuerdo con el medio de origen, habrían concentrado contratos por más de 3 billones de pesos de recursos públicos. El portal de origen ha sugerido que este presunto escándalo podría tener implicaciones de una magnitud incluso superior a otros casos recientes de alto impacto nacional.
El "Hallazgo No. 2" de la Contraloría subraya que el departamento no habría sido eficiente en la etapa precontractual. Los diseños, según el informe, no contaban con un análisis de ingeniería forense ni un diagnóstico estructural suficiente. Esto, al parecer, impidió identificar a tiempo que los puentes existentes ya requerían una intervención integral en sus estribos, fuertemente afectados por el alto flujo vehicular.
El documento también señala la ausencia de un diagnóstico de vulnerabilidad estructural, la falta de un protocolo de inspección preliminar y la carencia de una línea base que estableciera la condición de servidumbre y el inventario físico real de las estructuras. A estas deficiencias se suma, al parecer, la inexistencia de una inspección visual detallada y un levantamiento de lesiones, pues faltaron fichas técnicas para zonificar y categorizar patologías como fisuras, corrosión o socavación, lo que habría impedido determinar el origen mecánico de los deterioros.
La Contraloría destaca que tampoco se habría realizado una campaña de ensayos para la caracterización de materiales. El informe sugiere que se omitieron pruebas esenciales como la extracción de núcleos (ASTM C42), los ensayos de compresión (NTC 673) y el análisis de potencial de media celda (ASTM C876), insumos considerados mínimos para validar la capacidad portante y determinar el nivel de carbonatación del concreto. Estas omisiones se sumarían a las ya mencionadas modificaciones de cantidades y la incorporación de ítems no previstos.
El extenso informe de la Contraloría, acompañado de un amplio registro fotográfico, hace referencia a un movimiento en masa registrado en el tramo de la vereda La Vallejuelo. Este fenómeno se habría originado por una falla geológica que, según el ente de control, pudo ser previsible si se hubiera realizado un estudio de suelos más riguroso. La Contraloría advierte la posible configuración de un detrimento patrimonial asociado a esta situación.
El portal Sin Filtros ha anticipado que en una segunda entrega de su investigación, tras contrastar el documento técnico de la Contraloría con fuentes de la Secretaría de Infraestructura, la Contraloría y la Sociedad de Ingenieros, revelará nuevos detalles del caso. El análisis, proyectado por el medio de origen, apuntaría a que, a pesar de haberse cobrado el 100% del componente contractual de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), el 52% de este, correspondiente a $2.780.300.343, no contaría con soporte idóneo o verificable que acredite su ejecución. Además, se habría cancelado la totalidad del Plan de Manejo de Tránsito, sin que, según el informe, se contara con los soportes suficientes que acreditaran su ejecución. De igual forma, el contrato de interventoría, en el que figuraría otro ingeniero que, según el medio de origen, ha sido cuestionado, fue objeto de una adición cercana al 68% del valor inicialmente pactado.
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