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Una inquietante trama de presuntas quemas y talas ilegales en el municipio de Dolores, específicamente en la vereda Guacamayas, ha puesto en el ojo del huracán a una funcionaria de Cortolima. Los hechos, que derivaron en la captura de dos campesinos, ahora son materia de una investigación disciplinaria interna en la corporación ambiental y ya se encuentran en manos de la Fiscalía General de la Nación.
Todo comenzó el pasado 25 de agosto. La Policía encontró a Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado realizando tala y quemas en una finca de la zona. Las autoridades procedieron a capturarlos en flagrancia. Sin embargo, en el municipio, los habitantes aseguran que estos dos campesinos habrían sido contratados para ejecutar esas labores.
El giro sorpresivo de esta historia lo trajo un informe de Noticias Uno, medio que señaló directamente a Rubiela González Ortiz, funcionaria de Cortolima, como la presunta propietaria del predio donde se consumaron los actos ilícitos. Esta revelación encendió las alarmas dentro de la autoridad ambiental.
Tras conocerse el caso, un equipo técnico de Cortolima no tardó en visitar la finca. Allí, los expertos constataron la intervención de cobertura vegetal mediante tala y la posterior realización de quemas. Lo más grave: no existían permisos ni autorizaciones para el aprovechamiento forestal.
La Corporación tomó acciones inmediatas. A través de la Resolución 938 del 31 de agosto de 2026, abrió un proceso sancionatorio ambiental e impuso una medida preventiva contra las personas vinculadas a esta delicada investigación.
Cortolima, en una declaración pública, confirmó lo que muchos ya sospechaban: "Se pudo establecer que entre las personas involucradas figura una persona vinculada a la planta de empleos de la Corporación". Una situación que, por decir lo menos, genera perplejidad y un evidente contraste con la misión de la entidad.
Ante la gravedad del asunto, el caso fue remitido de inmediato a la Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción. El objetivo es claro: establecer si existen hechos con relevancia disciplinaria y determinar las actuaciones correspondientes. Además, toda la información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, lo que abre una arista penal.
La autoridad ambiental ha querido ser enfática. Aseguró que la relación de la persona investigada con la entidad no frenará ni un ápice el avance de las actuaciones. "Ninguna persona, independientemente de su cargo o relación laboral o contractual con la Corporación, está exceptuada del cumplimiento de la ley ni de las actuaciones administrativas, disciplinarias o judiciales que puedan derivarse de una eventual infracción", expresó la entidad, buscando sentar un precedente.
Cortolima también se distanció tajantemente de lo sucedido. Las conductas investigadas, según la Corporación, corresponden a actuaciones "a título personal" y de ninguna manera representan el trabajo institucional de la entidad. "Los hechos objeto de investigación corresponden a actuaciones a título personal y no representan el trabajo institucional de Cortolima", concluyó la Corporación.
Por ahora, la incógnita principal permanece: ¿qué participación tuvo realmente la funcionaria vinculada a Cortolima? Las investigaciones deberán esclarecer quién, al final de cuentas, habría contratado a los campesinos y quién ordenó la tala y las quemas que hoy tienen en vilo al municipio de Dolores y a la propia autoridad ambiental.
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