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La operación de la mina de oro en la vereda Apone de Ataco avanza en medio de un torbellino de críticas y explícitas solicitudes de revocatoria. Los representantes del proyecto, liderado por Agregados Ingecol y Construcciones S.A.S., defienden con firmeza la legalidad de su actividad a cielo abierto, mientras acusan a sus detractores de una “satanización y estigmatización” desmedida.
El licenciamiento ambiental de esta mina, otorgado por Cortolima en diciembre de 2019, generó una ola de críticas provenientes de diversos frentes, incluyendo solicitudes formales de revocatoria que aún resuenan en el ambiente. Sin embargo, para la empresa, este proyecto aurífero, que recientemente retomó sus operaciones, es el culmen de un proceso que se ha extendido por más de trece años.
Los pormenores del proyecto señalan que la iniciativa minera arrancó en 2007. Una solicitud ante la Agencia Nacional de Minería (ANM), por aquel entonces Ingeominas, para un contrato de concesión inició la larga travesía burocrática. Tras una revisión exhaustiva jurídica y técnica, el contrato de concesión se entregó por 30 años el 9 de febrero de 2015 a un tercero, Nelson Forero Aguirre. Este, a su vez, cedió sus derechos a Agregados Ingecol y Construcciones S.A.S. en julio de 2017, tal como lo establece la información sobre el expediente.
Desde ese momento, Ingecol asumió la dirección, impulsando el licenciamiento y la aprobación de su Plan de Trabajo y Obra (PTO), que fue recibido en octubre de 2017. El PTO, un documento fundamental en la actividad minera, detalla al Estado el aprovechamiento del yacimiento, la maquinaria a utilizar, la cantidad de empleados y los volúmenes de extracción. Este plan, luego de ajustes, fue finalmente aprobado.
El modelo de explotación, descrito en el PTO, es a cielo abierto con retrollenado, concentrándose en frentes únicos y zonas específicas. El trámite de la licencia ambiental con Cortolima inició en 2017, con la solicitud de un permiso de recolección para la línea base del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este estudio, que incluye un Plan de Manejo Ambiental, fue radicado ante Cortolima en abril de 2019, tras dos años de trabajo de campo.
La compañía ha manifestado su distancia frente a las insinuaciones de que el proceso de licenciamiento tuvo un “tinte político”, especialmente vinculado al partido liberal. Los representantes de Ingecol han sostenido que se declaran ajenos a la situación política, enfatizando que un proyecto de tal envergadura no debería ser etiquetado políticamente por acciones individuales. Se ha recordado, en ese contexto, que el exdirector de Cortolima, Jorge E. Cardoso, habría entregado 15 licencias ambientales en el año de su gestión, hasta el 31 de diciembre. Para Ingecol, la situación actual se asemeja a una "cacería de brujas" contra su proyecto.
La mina de oro en Apone abarca un área de 347 hectáreas en total. El polígono minero se ha licenciado para una primera fase de trabajo que se proyecta entre ocho y diez años, comprendiendo 52.95 hectáreas. Esto representa apenas el 14% del área total concesionada. Los resultados económicos de esta fase determinarán si se procede con una segunda etapa.
Se trata de un proyecto de oro aluvial, que implica la extracción de gravas y arenas depositadas en laderas y cerca de ríos para el lavado técnico. Un punto central en la defensa de Ingecol es la ausencia total de químicos en su proceso. Contrario a la minería de beta, que a menudo utiliza químicos en procesos industriales, la operación en Ataco se basa en la gravimetría, aprovechando la densidad del oro para su captura. La empresa ha negado categóricamente el uso de cianuro y ha reiterado que el mercurio está prohibido, y que el oro de la región es fácilmente extraíble sin necesidad de estas sustancias.
El diseño de explotación a cielo abierto contempla la creación de "pits" (piscinas) de dimensiones específicas, como 50x50 o 45x45 metros, y una profundidad máxima aprobada de 25 metros. Sin embargo, en 2020 solo se ha podido trabajar en un pit y parte de un segundo, con profundidades entre 9 y 10 metros. La extracción se realiza retirando la capa vegetal, luego una capa inerte, para finalmente acceder a las gravas y arenas que contienen el oro, a aproximadamente un metro y medio de profundidad.
El material se procesa con un sistema de lavado conocido como "zeta", que utiliza chorros a presión y mallas para separar el oro. Inmediatamente después del lavado, se realiza el retrollenado en el pit anterior, asegurando una recirculación continua y un impacto minimizado.
Una de las preocupaciones recurrentes gira en torno al río Saldaña y el respeto de la ronda hídrica. La empresa ha asegurado que el PTO del proyecto Apone no contempla, bajo ninguna circunstancia, intervenir el río o su ronda de protección. Técnicamente, se establece una ronda de 30 metros, pero Ingecol ha implementado un aislamiento preventivo de aproximadamente 40 metros en su zona de operación, prohibiendo incluso la deposición de material dentro de este límite.
Respecto a las concesiones de agua, un punto de fuerte cuestionamiento por parte de la Corporación Podion, Ingecol ha aclarado que no capta agua del río Saldaña ni de la quebrada Apone. El sistema de lavado se abastece exclusivamente del nivel freático que emerge de las mismas piscinas de extracción. Cortolima, comprendiendo esta dinámica y evaluando el caudal necesario, aprobó el uso de 8.5 litros por segundo, una cantidad calificada por la empresa como mínima, comparada, por ejemplo, con los requerimientos de la agricultura de arroz. Además, la mina opera con un sistema de recirculación cerrado, contemplado en el PTO.
La empresa también ha desmentido haber solicitado una concesión sobre la quebrada Apone, señalando que esta es una fuente intermitente y pequeña, lo que refuerza el uso de aguas subterráneas como alternativa principal. En cuanto a la evaluación de la ONG Podion sobre un presunto 52% de calificación en el Plan de Manejo Ambiental, Ingecol ha manifestado desconocer por completo dicho documento. Reconocen la existencia de requerimientos técnicos y complementos solicitados por Cortolima que fueron ajustados, pero insisten en que nunca tuvieron acceso a una calificación numérica específica.
En el corazón de la polémica, los representantes de Agregados Ingecol han lanzado una fuerte denuncia, recogida por EL NUEVO DÍA, que apunta a una presunta solicitud de legalización de minería tradicional por parte del distrito de riego Usosaldaña. Según la compañía minera, Usosaldaña, a pesar de sus abiertas críticas a la minería, habría radicado en 2012 ante la Agencia Nacional de Minería una solicitud por 1.336 hectáreas. Este dato, contrasta marcadamente con las 52 hectáreas del proyecto Ingecol.
La presunta solicitud de Usosaldaña comprendería áreas del río Saldaña y parte de los municipios de Coyaima, Ortega y Saldaña, manteniéndose en trámite y vigente. Esta información, según los representantes de Ingecol, es de carácter público y se puede verificar con la placa minera NID-09171.
Ingecol ha cuestionado la figura jurídica utilizada por Usosaldaña para esta solicitud, ya que la legalización de minería tradicional está destinada a mineros con actividad demostrable desde antes de 2001, que históricamente han trabajado con métodos manuales. Para Ingecol, Usosaldaña, siendo una empresa dedicada a los sistemas de riego, no cumpliría con el perfil de "minero tradicional", lo que, en su concepto, podría incluso estar "rayando con un tema de falsedad de documento público". La compañía enfatiza que, en su propio concepto, Usosaldaña sí habría manifestado al Estado la intervención del río Saldaña en esta supuesta solicitud.
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