¿Hubo orden de Cortolima para quemar bosque seco?: Activistas demandan respuestas a la dirección de la entidad

Un enérgico plantón frente a la sede de Cortolima en Ibagué puso en el centro de la polémica a la dirección de la Corporación Autónoma Regional del Tolima. Activistas ambientales exigieron explicaciones a Olga Lucía Alfonso, la directora de la entidad, por un delicado caso que involucra la judicialización de dos campesinos, presuntamente vinculados a la quema de vegetación en un área de bosque seco tropical.

La manifestación, convocada por diversos colectivos, se concentró en cuestionar las actuaciones de la autoridad ambiental, especialmente en relación con la afectación de zonas de protección. Allí, en plena calle, el activista Andrés Herrera se convirtió en la voz más resonante, dirigiendo sus críticas directamente a Alfonso.

Herrera no anduvo con rodeos. Centró su intervención en el caso de los dos campesinos. Ellos, de acuerdo con lo expuesto durante la protesta, habrían sido judicializados después de realizar labores de quema que, al parecer, habrían sido ordenadas por una contratista vinculada a Cortolima. Una situación que, de confirmarse, representaría una profunda contradicción para una entidad encargada de la protección ambiental.

La tensión era palpable. En medio de los reclamos, el activista interpeló directamente a la directora, con un mensaje claro y contundente: “Antes de renunciar, la directora debe contestar una pregunta: ¿por qué mandaron a quemar el bosque seco tropical?”, manifestó Herrera, elevando el tono de la exigencia.

Esa pregunta, lanzada en el corazón de la protesta, busca esclarecer los pormenores de una intervención que terminó devastando vegetación en un ecosistema tan frágil. ¿Cuál habría sido, en efecto, el papel de funcionarios o contratistas de Cortolima en los hechos denunciados? Esa es la incógnita que los manifestantes quieren resolver.

El activista insistió con vehemencia. La dirección de Cortolima, según Herrera, tiene la obligación ineludible de responder por las actuaciones relacionadas con este episodio. La petición es clara: que se esclarezcan las posibles responsabilidades institucionales que pudieron derivar en la judicialización de los dos campesinos. Los manifestantes subrayaron que estos labriegos, de acuerdo con sus versiones, habrían actuado bajo instrucciones que, presuntamente, provenían de una contratista de la misma autoridad ambiental.

Este reclamo público se produce en un momento en que el episodio que llevó a la judicialización de los campesinos permanece bajo un intenso escrutinio. La comunidad y los activistas esperan, con urgencia, respuestas claras que determinen qué ocurrió realmente en ese bosque seco y quiénes son los responsables.