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La administración del alcalde de Lérida, Luis Carlos Amézquita Cárdenas, ha sufrido un severo varapalo judicial. El Tribunal Administrativo del Tolima asestó un golpe contundente al declarar la ilegalidad de un acuerdo del Concejo de la localidad, una decisión que revoca una potestad crucial para el mandatario.
Este acuerdo, ahora invalidado por la justicia, otorgaba al alcalde Amézquita la facultad de comprometer vigencias futuras del municipio. Una herramienta administrativa que, según lo establecido, tenía como objetivo exclusivo la compra de ciertos elementos, dejando entrever una considerable discrecionalidad en su aplicación.
El fallo del Tribunal no solo representa una corrección legal, sino que también pone en entredicho la planificación y la solidez jurídica de la administración local. La decisión judicial impide al alcalde utilizar fondos venideros para sus propósitos, limitando drásticamente su margen de acción en materia de inversión y contratación. Este revés subraya la necesidad de una revisión exhaustiva en la formulación de acuerdos municipales que, al parecer, no siempre se ajustan a la legalidad vigente.