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Investigadores de la Fiscalía llegaron de forma sorpresiva a la sede de la Gobernación del Tolima para solicitar toda la información relacionada con estos millonarios contratos. El objetivo es esclarecer el presunto direccionamiento de proyectos de gasificación rural, que se habrían ejecutado durante las administraciones de los mencionados líderes políticos.
Los funcionarios del ente acusador han solicitado documentación e informes exhaustivos sobre los proyectos. Según las versiones preliminares, Barreto y Orozco serían presuntamente responsables de haber direccionado contratos a dos empresas específicas de la región, las cuales, al parecer, podrían haber mantenido negocios por debajo de cuerda con los exmandatarios. Se investiga si ambos líderes conservadores estarían comprometidos en el éxito comercial de estas firmas, las cuales, perteneciendo a los mismos socios, habrían acaparado más del 70% de la contratación de la Gobernación del Tolima en este sector.
A cambio de este presunto direccionamiento, los líderes políticos tendrían a su haber jugosas ‘coimas’. La cifra en cuestión no es menor: entre los años 2018 y 2025, el ‘barretismo’ habría celebrado contratos de gasificación rural por un valor que asciende a los $128 mil millones.
La Secretaría de Infraestructura ha sido el epicentro de la estructuración y celebración de estos contratos. Una figura clave en esta cartera durante casi la totalidad de los gobiernos mencionados ha sido la ingeniera Sandra García, quien es descrita como una profesional de entera confianza tanto de Óscar Barreto como de Ricardo Orozco.
De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Infraestructura y Hábitat del departamento, en respuesta a un derecho de petición, la Gobernación del Tolima destinó un total de $128.067 millones a proyectos de gasificación rural entre 2018 y 2025. El propósito oficial era ampliar la cobertura de este servicio esencial en las zonas más apartadas.
El análisis de esta contratación revela que, a lo largo de ocho años, se suscribieron acuerdos con nueve empresas. Sin embargo, la distribución de estos recursos no fue equitativa, mostrando una notable concentración. Es de resaltar que el año 2020 fue una excepción en el periodo estudiado, al no registrar contratos de gasificación rural, a pesar de que este programa de inversión se presenta como una iniciativa de largo aliento.
ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. se posicionó como el principal contratista. Su participación comenzó en 2018 con un primer contrato de $969 millones. Para 2023, la empresa había acumulado la considerable suma de $51.456 millones, convirtiéndose en la firma que más fondos recibió para este tipo de proyectos. Es importante señalar que esta compañía no registra contratos en 2020, 2022 ni después de 2023, lo que sugiere una dinámica de asignación no lineal.
Otros contratistas también jugaron un rol significativo. MOVILLGAS S.A.S. E.S.P. concentró $22.302 millones en contratos suscritos entre 2024 y 2025, evidenciando un cambio en el panorama de empresas beneficiadas en los años más recientes. En 2019, PROVIGAS obtuvo un contrato único por $17.028 millones, uno de los montos individuales más elevados del periodo.
Entre 2019 y 2022, SERVINGAS S.A. E.S.P. acumuló $10.492 millones. Más recientemente, en 2025, ingresaron nuevos actores como INTERAMERICANA DE ENERGÍA Y GAS S.A.S. E.S.P., con $8.413 millones, y DIGASPRO, con $7.112 millones. Por su parte, la Empresa Integral de Servicios OP&S Construcciones S.A. E.S.P. recibió $5.674 millones en contratos firmados en 2022 y 2025.
Finalmente, INERGAS S.A.S. obtuvo un solo contrato en 2021 por $2.625 millones, y EDALGAS S.A. E.S.P. recibió $2.962 millones entre 2018 y 2019. La combinación de estos datos sugiere una alta concentración de recursos en un número reducido de empresas, así como una reconfiguración de los contratistas a lo largo de los años. La investigación de la Fiscalía buscaría determinar si estos patrones indicarían que el ‘barretismo’ no solo habría estructurado una posible cartelización en el sector de la salud, sino también un esquema similar en la Secretaría de Infraestructura del Tolima.
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