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Un millonario contrato de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), valorado en casi $35.000 millones, ha puesto en marcha la segunda fase de su programa 'Combo 3x1', diseñado para rehabilitar la malla vial en distintos puntos de Ibagué. Sin embargo, desde su gestación, este proceso licitatorio ha despertado serias alarmas.
Desde la fase de formulación de pliegos, el proceso había generado suspicacias entre observadores, quienes señalaron un posible direccionamiento de los requisitos, especialmente en experiencia, capacidad financiera y disponibilidad de maquinaria. Existía el temor de que el contrato estuviera "amarrado" a un futuro oferente, replicando escenarios de licitaciones con único proponente que se han visto en la administración de la alcaldesa Johana Aranda.
Afortunadamente, al superarse la etapa de presentación de ofertas, la idea de un oferente único quedó, al menos provisionalmente, descartada. Un total de 22 proponentes, provenientes del Tolima y otras regiones del país, acudieron al llamado público, lo que sugería, en un primer momento, un proceso más abierto y competitivo. La alcaldesa, al respecto, manifestó que "los recursos públicos se deben invertir con responsabilidad, y por eso hemos decidido solicitar a la Procuraduría que vigile cada etapa de este proceso. Queremos que los ibaguereños tengan plena confianza en lo que hacemos y en cómo lo hacemos”.
No obstante, la tranquilidad duró poco. Rápidamente, persisten interrogantes sobre la transparencia del proceso, pues entre los consorcios oferentes figuran nombres recurrentes de la contratación estatal tolimense, señalados por presuntos incumplimientos, cuestionados proyectos y posibles vínculos políticos, un historial que los hace "viejos conocidos" en el panorama regional.
Uno de los primeros en radicar su propuesta fue la Unión Temporal Vial 3x1 Etapa 2, conformada por Asfaltemos y Micob Ingeniería SAS. La empresa Asfaltemos ha sido relacionada con el exalcalde de Ibagué, Jesús María ‘Chucho’ Botero, quien respaldó la campaña de la actual alcaldesa. Su participación en la polémica 'Ambulancia vial' durante el primer año del gobierno Aranda fue blanco de fuertes críticas por la calidad de los reparcheos en Ibagué, pese a un contrato que superó los $2.000 millones.
Por su parte, el verdadero artífice detrás de Micob Ingeniería, aunque su hija figure como representante legal, sería Luis Egimio Barón. A Barón se le conoce por sus cercanas relaciones con los exalcaldes Andrés Hurtado y Luis Hernando Rodríguez. El empresario fue adjudicatario, a finales de 2022, del controvertido contrato por $25.000 millones para obras del Acueducto Complementario. Este proyecto, que buscaba llevar agua desde Coello Cocora hasta el tanque de la Fiscalía y barrios del sur de Ibagué, acabó costando $5.000 millones adicionales, presentó un detrimento de $1.000 millones según la Contraloría General, y sufrió considerables demoras en su ejecución.
Otro aspirante al contrato del IBAL, con un prontuario ya conocido en el Tolima, es el Consorcio IBALPRO 25, integrado por Viaycons SAS y Prodiac Ltda. Al frente está Juan Carlos Ramírez Ospina, un contratista que, al parecer, ha gozado de la confianza de los exalcaldes Andrés Hurtado y también de la actual alcaldesa Aranda. Su nombre resuena por los extensos retrasos en proyectos como el primer tramo de la calle 103 y la segunda fase de la vía Ibagué-Rovira, obras ambas seriamente cuestionadas por su calidad y la dilación en los plazos.
Asimismo, Ramírez Ospina es el adjudicatario del contrato por $8.200 millones para instalar 1.150 nuevos paraderos, parte de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). Pese a haber sido adjudicado en enero de 2025, a la fecha, dicho contrato no ha iniciado su ejecución, lo que acrecienta el historial de demoras.
Entre la lista de oferentes también figura el experimentado, y no menos cuestionado, Didier Portela, representante legal del Consorcio OE IBAL3x1, conformado por Incobelci SAS y UCO SAS. La memoria de Portela está indisolublemente ligada a la controvertida construcción del Coliseo Mayor del Parque Deportivo. Un proyecto que, iniciado con una inversión cercana a los $44.000 millones, recibió una adición presupuestal de casi $20.000 millones, es decir, más del 40% de su valor original. El Coliseo Mayor, que debía culminarse en 14 meses, demoró dos años y medio más de lo previsto, siendo entregado en medio de múltiples interrogantes sobre la mala calidad de las obras en diversas zonas del complejo deportivo.
Finalmente, entre los contratistas más conocidos se cuenta uno popular en El Espinal: Aitor Mirena de Larrauri Echevarría. Este constructor, con amplia experiencia en obras públicas, también arrastra un historial de polémicas, incluyendo "chambonadas", retrasos, obras abandonadas y hasta presuntas falsificaciones de firmas. Su empresa Constructora SAS, junto con Consultoría SAS, integra el Consorcio Redes Urbanas 2025.
Un caso sonado atribuido a Mirena es el ‘Parque Sacúdete’ de Girardot, Cundinamarca, que, según medios locales, permanece abandonado desde hace cuatro años, pese a que ya se invirtieron $7.000 de los $16.000 millones proyectados. En su momento, también fue objeto de cuestionamientos la adjudicación de otro contrato del IBAL por $26.000 millones a Aitor Mirena en 2023. Veedores denunciaron un presunto favorecimiento hacia el contratista espinaluno, quien eventualmente construyó la planta de tratamiento de Boquerón, cuya calidad fue recientemente señalada por la Contraloría.
A pesar de la cantidad de oferentes para este nuevo contrato del IBAL, algunos líderes comunales consultados expresan un profundo escepticismo. Todo, sugieren, apunta a que será "uno de los mismos de siempre" quien se adjudique los $35.000 millones destinados a la construcción, reposición de redes de acueducto y alcantarillado, y la recuperación vial en sectores urbanos; un proyecto con el que la alcaldesa Aranda busca cumplir su promesa de mejorar la malla vial de la ciudad.
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