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Una decisión administrativa sin precedentes ha puesto en pausa la entrega de varias notarías asignadas durante los últimos días del gobierno del presidente Gustavo Petro. En el centro de esta medida se encuentra la notaría 78 de Bogotá, cuyo traspaso a la abogada Paola Palmariny, exvicepresidente comercial de Colpensiones, ha sido frenado por órdenes superiores.
La directriz fue emitida por Germán Humberto Medellín Mora, director de Vigilancia y Control Notarial encargado. Su orden cancela la visita especial de entrega de la notaría 78 de Bogotá, un procedimiento que se había dispuesto mediante un auto fechado el pasado 14 de agosto.
La justificación detrás de esta suspensión radica en la "verificación sobreviniente de aspectos de carácter administrativo que inciden en la debida ejecución y finalización de la comisión". Este tipo de visitas es un requisito indispensable, uno de los tres necesarios, para que cualquier notario designado pueda asumir oficialmente su cargo. Es una pieza clave en el complejo engranaje de la posesión.
Al parecer, la medida no se circunscribiría únicamente a la notaría 78 de la capital. Existen indicios de que la suspensión podría extenderse a otros despachos que también se encuentran bajo escrutinio, aumentando la incertidumbre sobre varios nombramientos.
El tema de las asignaciones notariales de última hora por parte del gobierno Petro ha sido un foco de controversia durante meses. Ya en julio, se había señalado una serie de designaciones que incluyeron a individuos presuntamente cercanos a la exprimera dama, Verónica Alcocer, y a diversos ministros de la administración. Apenas dos días antes de que concluyera el cuatrienio anterior, se sumaron nueve nombramientos más a la lista, entre ellos el de la mencionada Paola Palmariny.
Entre los nombres que han generado debate por sus designaciones se encuentra el exsenador Inti Raúl Asprilla, figura del partido Alianza Verde y cercano al petrismo, quien fue nombrado en la notaría segunda de Soacha, Cundinamarca. También destaca Íngrid Paola Ortiz, designada para la notaría 74 de Bogotá y esposa de Camilo Andrés Pardo, un funcionario cuya cercanía con el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo ha sido mencionada. Pardo, en su momento, tuvo una fugaz gestión de apenas 24 horas como secretario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la administración De La Espriella.
Los nombramientos en cuestión abarcan un espectro geográfico amplio, desde la notaría recién creada en San Victorino de Bogotá, hasta despachos en Bucaramanga, Cartagena, Rionegro, Palmira (Valle) y Nobsa (Boyacá).
Sobre el caso particular de la notaría 78 y la situación de Paola Palmariny, se ha conocido que su designación ha estado envuelta en diversos cuestionamientos. Sin embargo, no hay detalles públicos sobre sus reacciones a estas críticas en el contexto de la reciente suspensión. Como consecuencia directa de la cancelación de la diligencia de entrega, Luz Mary Hoyos, de 70 años, quien estaba al frente de dicho despacho, continuaría fungiendo como notaria, ya que el traspaso no se ha formalizado.
Este episodio subraya el ojo vigilante que se ha puesto sobre las designaciones de notarios realizadas en la recta final de la anterior administración, una situación que, según trascendidos previos, ya estaba siendo objeto de revisión por parte de Joaquín José Méndez Llach, el nuevo superintendente de Notariado y Registro. La suspensión marca un punto de inflexión en la gestión de estos importantes cargos públicos.
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