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El representante a la Cámara electo, Guillermo Alvira, enfrenta un complejo panorama judicial. Ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de hurto, falsedad ideológica, fraude a resolución judicial, peculado por aplicación oficial diferente y encubrimiento. Este proceso sigue su curso y una decisión desfavorable podría, al parecer, truncar su carrera política, dejándolo fuera de su curul.
Los hechos que motivan esta querella se sitúan en 2024. Para entonces, el ingeniero Guillermo Ignacio Alvira Acosta ocupaba el cargo de secretario de despacho en la Gobernación del Tolima, tras haber finalizado su periodo como alcalde de San Luis en diciembre de 2023.
Según la denuncia, la génesis de la controversia radica en la Escritura Pública No. 587 del 7 de mayo de 1969, tramitada en la Notaría del Círculo de Ibagué. Documentos que, según los querellantes, establecieron la transferencia de diversos lotes de terreno al municipio de San Luis, con una condición clara: su uso, goce y usufructo debían destinarse de manera exclusiva a la Acción Comunal de Payandé.
Años más tarde, una conciliación extrajudicial, fruto de un proceso reivindicatorio contra la empresa Cemex —iniciado en diciembre de 2011 y concluido en diciembre de 2015— reafirmó la restitución de estos bienes inmuebles a la comunidad de Payandé. Este acuerdo crucial, además, fue suscrito por el entonces alcalde Guillermo Alvira Estrada, padre del actual congresista electo, ya fallecido.
La situación toma un giro inesperado con la Escritura 029, fechada el 23 de febrero de 2024. Este documento estableció una servidumbre pasiva de carácter ilimitado. Por ella, Cemex habría desembolsado la considerable suma de dos mil millones de pesos. El destino final de estos recursos, según la denuncia, no está claro. Sin embargo, se presume que el dinero fue transferido directamente al municipio de San Luis. Los querellantes insisten en que, dadas las condiciones originales, esos fondos debieron ser consignados a la Junta de Acción Comunal de Payandé, reconocida como la usufructuaria legítima del predio donde opera la Banda mina de la multinacional cementera.
Sergio Prada Aldana y Laureano Peña Betancur, quienes firman la denuncia penal contra Guillermo Alvira Acosta, son enfáticos. Ellos sostienen que el uso, goce y usufructo de los predios en disputa nunca se transfirieron legalmente de la comunidad de Payandé al municipio de San Luis.
Aquí la ley es clara: el artículo 669 del Código Civil subraya que, si bien la titularidad del predio puede recaer sobre el municipio de San Luis, el derecho de uso y usufructo del bien pertenece, sin discusión, a la comunidad de Payandé.
En consecuencia, los denunciantes buscan que Guillermo Alvira Acosta sea formalmente procesado por los presuntos delitos ya mencionados: hurto, falsedad ideológica, fraude a resolución judicial, peculado por aplicación oficial diferente y encubrimiento. La querella ha avanzado, y ya existe una noticia criminal con radicado en la Fiscalía General de la Nación, donde el proceso judicial sigue su curso.
Las pretensiones de la denuncia van más allá. Se solicita también la judicialización del gerente de Cemex Colombia S.A., Carlos Andrés Bonilla Sabogal, quien, al parecer, suscribió la minuta contractual con la administración municipal de San Luis, Tolima.
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