Decreto 333 de 2021: El antecedente clave que De La Espriella recupera para tutelas presidenciales ¿Qué busca el Gobierno De La Espriella al devolver las tutelas presidenciales al Consejo de Estado?

El Gobierno De La Espriella está en pleno proceso de gestación de un decreto que, de materializarse, redefinirá la ruta de las tutelas presentadas contra la figura presidencial en Colombia. Una movida judicial significativa, liderada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, que propone devolver estos recursos, en primera instancia, al seno del Consejo de Estado.

Esta iniciativa no es menor; representa un cambio de rumbo frente a la regla que rigió durante el mandato de Gustavo Petro. Fue el Decreto 799 de 2025 el que, en su momento, estableció que las acciones de tutela dirigidas al jefe de Estado debían ser conocidas por jueces de circuito o de igual categoría. Ahora, la administración actual, con De La Espriella a la cabeza, plantea un viraje.

El retorno a una práctica conocida

¿Qué implicaría exactamente este nuevo proyecto de decreto? Su borrador es claro: las tutelas relacionadas con las actuaciones u omisiones del presidente de la República serán competencia exclusiva del Consejo de Estado en su primera instancia. Curiosamente, esta disposición retoma un esquema que ya había estado vigente. Nos remonta al Decreto 333 de 2021, una medida implementada durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque.

Los argumentos esgrimidos por el Gobierno De La Espriella no tardan en aparecer. El proyecto subraya la intrínseca importancia del rol constitucional del presidente: no solo como jefe de Estado y jefe de Gobierno, sino también como suprema autoridad administrativa. Entienden, por tanto, que las decisiones tomadas por el mandatario pueden irradiar efectos a nivel local, regional y nacional. Bajo esta óptica, parece pertinente, para la administración, que sea el máximo tribunal de lo contencioso administrativo quien, en un primer momento, conozca estos trascendentales procesos.

A esta justificación se suma otra, expresada con vehemencia por el ministro Iván Cancino: la imperante necesidad de cimentar una mayor uniformidad en las decisiones judiciales. El Gobierno sostiene, con convicción, que al concentrar el reparto de estos recursos en el Consejo de Estado, se estaría contribuyendo de manera decisiva a una respuesta judicial más cohesionada y unificada para todo el país. Una apuesta por la predictibilidad y la coherencia en la interpretación legal.

Un aspecto que el proyecto busca dejar en claro desde ya es que esta modificación, de ninguna manera, constituiría una inmunidad ni un privilegio judicial para el presidente. Se trata, insisten, de una simple alteración en la autoridad judicial encargada de recibir inicialmente las acciones de tutela. Este decreto, es fundamental recordarlo, aún se encuentra en fase de proyecto. Si prospera, representaría una nueva modificación a una regla que apenas había cumplido unos años de vigencia desde 2025.