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La presunta "puerta giratoria" de funcionarios públicos vinculados a la adjudicación y operación de la APP del complejo cultural y deportivo El Campín en Bogotá ha generado un torbellino de cuestionamientos. En el centro de la controversia, el nombre de Jaime Luque Ramírez, quien transitó del sector público al privado en circunstancias que levantan serias sospechas.
La discusión se centra en el concepto de "puerta giratoria", un término que alude a la tendencia de funcionarios que, con conocimiento privilegiado del área pública, pasan al sector privado para beneficiarse de la información obtenida. Este patrón, según críticos, no solo es éticamente cuestionable, sino que podría señalar fallas estructurales en la contratación pública.
El proyecto, inicialmente conocido como CDSC, una asociación público-privada (APP), terminó convirtiéndose en Sencia S.A.S., una entidad donde, según registros, Corficolombiana posee el 51% de la propiedad. La historia de esta APP ha estado marcada por controversias desde sus inicios.
En diciembre de 2019, el entonces alcalde Enrique Peñalosa recibió una propuesta para la APP de El Campín, optando por dejarla para la siguiente administración. Sin embargo, en un movimiento que generó amplio escepticismo, la alcaldesa Claudia López firmó el contrato de la APP el 29 de diciembre de 2023, apenas dos días antes de finalizar su mandato. Posteriormente, durante la administración de Galán, se firmaría otro acuerdo significativo.
Jaime Luque Ramírez, el protagonista de esta crónica, ocupó el cargo de asesor de dirección para APP en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Su función era la de conocer y estructurar las alianzas público-privadas del distrito, incluyendo proyectos como Movistar Arena y el Parque El Salitre. Tras dejar el sector público, Luque se convirtió en el primer CEO de Sencia S.A.S., la empresa que hoy ostenta la concesión del emblemático estadio.
La denuncia principal subraya que el contrato de la APP ha sufrido múltiples modificaciones. Inicialmente, se prometió un auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, un compromiso que, al parecer, no se encuentra en el contrato actual, pero por el cual Sencia seguiría percibiendo ingresos. Este tipo de inconsistencias genera dudas sobre la transparencia del proceso.
La propuesta original contemplaba un estadio con capacidad para 45.000 personas, una cifra considerada "inviable" por algunos analistas para asegurar el flujo de caja necesario. Posteriormente, el contrato fue modificado para construir un nuevo estadio de 60.000 espectadores, implicando que la ciudad debería asumir costos de infraestructura vial y la construcción de una estación de Transmilenio por un valor estimado de 50.000 millones de pesos, cargas que no estaban previstas originalmente en la APP. Según críticos, este cambio en la naturaleza del proyecto no solo es una modificación, sino que requeriría la creación de un nuevo contrato mediante un proceso de licitación pública transparente.
Los socios originales de la entidad que dio origen a Sencia, CDEC S.A.S., incluían empresas como Concéntrica Soluciones de Ingeniería S.A.S. (36%), Gecar Ingeniería S.A.S. (29.7%), Producción de Eventos 911 S.A.S. (22.91%), Qué Buena Compra S.A.S. (5%), Lanik Colombia S.A.S. (4.2%) y Lealtis S.A.S. (2%). Se ha señalado que varios de estos accionistas eran previamente contratistas del IDRD.
En enero de 2026, Corficolombiana, una importante constructora del país, adquirió el 51% de Sencia S.A.S. por 85.849 millones de pesos. Este movimiento se interpretó como una "salida de efectivo" (cash out) para los socios iniciales, quienes habrían obtenido beneficios económicos considerables gracias a la reestructuración del contrato hecha por la alcaldía de Bogotá.
La grama del estadio El Campín también ha sido objeto de controversia. Se ha reportado que, a pesar de una inversión por parte de una reconocida banda musical por USD 900.000 para el mantenimiento del césped, las condiciones actuales de la cancha serían precarias. La tecnología de "Big Rolls" implementada para el césped, que es común en Europa, no sería adecuada para las condiciones climáticas de Bogotá, lo que estaría provocando su deterioro.
Un documento de la interventoría, mencionado por el portal de origen, señaló en su momento que "no hay indicador específico para la grama del Estadio Nemesio Camacho El Campín", a pesar de ser un elemento crucial para la operatividad deportiva y cultural del escenario. Esta falta de un indicador claro dificultaría la supervisión del cumplimiento contractual.
La denuncia se extiende a la ineficacia del control por parte del IDRD, que, según se afirma, no tendría "dientes" para ejercer autoridad sobre Sencia, delegando el poder en el interventor. Esto dejaría a la ciudad con compromisos millonarios sin una supervisión efectiva y una infraestructura que podría no ser la adecuada para la ciudad. El exdirector del IDRD, Pedro Orlando Molano, quien luego pasó a Parques Nacionales y actualmente es subgerente del IDU, también enfrenta una investigación por parte de la Procuraduría por su gestión previa.
El costo de estructuración del proyecto, un pago de 20.191.564.801 pesos al originador, también ha sido criticado como un pago anticipado que beneficiaría a los privados antes de la construcción de la obra. Según se señala, los pliegos del contrato fueron modificados entre la minuta y el contrato firmado, lo que constituye presuntamente un delito de falsedad en documento público, según el concejal Juan David Quintero. Además, la concesión por 29 años, que corre desde 2024, es cuestionada por su extensión y por el hecho de que, al parecer, el Plan de Movilidad para la zona no ha sido aprobado.
Las denuncias apuntan a un esquema donde el interés privado se habría beneficiado de información y decisiones públicas, generando un posible enriquecimiento sin justa causa a costa de la ciudad y sus habitantes.
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