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La reciente modificación en la dirección ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué ha encendido una airada controversia, con algunos empresarios calificándola sin tapujos como un "golpe de estado" de la política contra el sector productivo. Esta percepción, cargada de frustración, no surge de la nada; parece ser el eco de un patrón que, según se denuncia, ha permeado la designación de directores en diversas entidades gremiales clave de la región, como Fenalco, Comfenalco y Comfatolima.
La crítica apunta a una constante: la mayoría de los últimos directores ejecutivos en estas instituciones habrían llegado por procedencia o recomendación política, alejándose de los criterios de mérito y trayectoria en el sector privado. Figuras como Oscar Díaz y Alba Lucía García, mencionados como posibles "candidatos del empresariado", son cuestionados por una hoja de vida que, al parecer, estaría más ligada a nombramientos en secretarías y gremios por cuenta de apoyos políticos que a resultados empresariales palpables.
El escrutinio se agudiza al analizar casos específicos. Se señala, por ejemplo, al Señor Bula, cuya gestión al frente de la Cámara de Comercio es fuertemente criticada; se le acusa de haber deteriorado la entidad y de dejar una estela de manejos que, presuntamente, levantaron suspicacias. En contraste, la figura de Luis Alfredo Huertas emerge como una excepción, el único director que, al parecer, llegó al cargo por mérito y experiencia en el sector privado. Su posterior retiro de la Cámara, precisamente por el "manoseo político" al que se veían sometidos los empresarios miembros de junta, subraya la profundidad del problema que se denuncia.
Las acusaciones más graves sugieren que las decisiones de los empresarios miembros de junta habrían respondido, en muchos casos, a directrices de ciertos políticos. A cambio de orientar la Cámara según intereses ajenos, se habrían entregado "jugosos negocios", que abarcarían desde licitaciones de vías y ropa, hasta permisos ambientales, licencias de construcción y arriendos de inmuebles por parte de entidades públicas. Una red de favores y beneficios cruzados que, de confirmarse, revelaría una preocupante captura del sector gremial por intereses políticos particulares.
En este entramado de cuestionamientos, el nombre de Enciso aparece recurrentemente, señalado por su presunto beneficio constante de la política, obteniendo cargos por una supuesta "lagartería". Su vínculo con el grupo de Gonzalo García, a quien se identifica como excondenado en varias ocasiones por delinquir, plantea interrogantes sobre su aparente silencio ante lo que algunos llaman el "golpe de estado" en la Cámara. De igual forma, Oscar Díaz estaría, según estas versiones, constantemente bajo la sombra de su pariente, Chucho Botero, reconocido en ámbitos como la minería y las licitaciones de vías.
La visión crítica concluye con un duro juicio: muchos de estos actores serían, en esencia, "politiqueros sin méritos" para dirigir empresas basados en resultados tangibles, ofreciendo en su lugar los "resultados de papel" a los que, al parecer, los ciudadanos del Tolima se habrían acostumbrado con ciertas estructuras políticas, como el grupo conocido como el Barretismo.
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